Primera exhumación por orden judicial

Hoy se realiza en España la primera exhumación de una fosa de la Guerra Civil ordenada y tutelada por un juez. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Benavente (Zamora), Tania Chico, ha asumido la causa que recibió de la Audiencia Nacional para investigar la desaparición de entre siete y ocho personas en la localidad de Santa Marta de Tera. Los trabajos de exhumación de las dos fosas comunes donde se cree que yacen enterrados arrancará hoy, 73 años después de los hechos, a las diez de la mañana.

Baltasar Carbajo Vidales, José Villalibre Toral, Baltasar Valderrey Turrado y Aquilino Ortega Villahoz fueron detenidos por un grupo de falangistas en Destriana (León) el 22 de agosto de 1936. Les subieron a un camión que se dirigió a La Bañeza, donde los investigadores creen que también subieron al cura de Ribas de Valduerna, aunque un militar obligó a los falangistas a liberarlo. Pasaron varias horas recluidos en la casa-cantina de la plaza Mayor de La Bañeza. Al atardecer fueron asesinados.

Trabajadores de la tierra

Baltasar Carbajo Vidales tenía 28 años. Su madre y su hermana Nieves estaban con él cuando los falangistas se lo llevaron detenido, pero no pudieron hacer nada. Carbajo había participado en la creación de la comunidad de regantes de Destriana, y como la mayor parte de sus compañeros represaliados, era militante de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. Sus hijos y su hermana esperan poder recuperar sus restos en la exhumación que comienza hoy.

José Villalibre Toral tenía 39 años cuando fue asesinado. Era albañil. Su hija lo está buscando desde entonces. Baltasar Valderrey era labrador y tenía 42 años el día de su muerte. Lo buscan sus nietos. Aquilino Ortega había cumplido 50 años cuando fue asesinado. Era natural de la localidad palentina de Cívico Navero. Sus nietos le reclaman.

Fueron asesinados en el paraje del término municipal de Jiménez de Jamuz conocido como los Corrales de la Gándara y desde allí, trasladados hasta Camarzana de Tera, donde el alcalde de la localidad ordenó que fueran enterrados en el atrio de la iglesia de Santa Marta.

En ese mismo lugar, esperan encontrar a otro grupo de tres hombres fusilados cuatro meses después, el 23 de octubre de 1936.

Esto es lo que se puede leer en el diario El País.

Vergüenza deberíamos sentir todas las personas que creemos en la democracia -aunque padezcamos una autocracia- de que se haya tardado más de treinta (30) años en empezar a resolver las desapariciones, tortura y fuilamiento de miles de ciudadanos durante ese periodo de nuestra historia reciente. ¿De qué tienen miedo los que están en contra? A mí también me gustaría saberlo.

Por suerte ha habido una jueza -¡¡gracias!!- que sí se ha atrevido a remover la historia.

Salud y República.